ORGANIZACIÓN INTERAMERICANA DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE LAS AUDIENCAS
Posicionamiento OID
Posicionamiento de Defensa de la Defensoría del Público de Argentina
13 de julio de 2024
Con En respuesta al reciente anuncio del oficialismo de avanzar con su proyecto de ley para eliminar la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina, La Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias -OID- minifiesta su profunda preocupación y expresa su desacuerdo con la referida medida. La Defensoría del Público de Argentina ha sido y es un baluarte en defensa de los derechos de las audiencias, cumpliendo una función vital
para una sociedad democrática y plural que aspiramos a construir y mantener. En efecto, desde OID afirmamos que:
- La Defensoría del Público es un pilar fundamental para la democracia y el respeto de los derechos humanos en Argentina.
- La preservación y el fortalecimiento de dicho organismo son esenciales para avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y plural. Por ello, instamos a las autoridades y representantes del Poder Legislativo de la Argentina a que reconsideren su voluntad de cerrar la Defensoría del Público.
- En tanto representantes de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias ofrecemos al Estado argentino impulsar y robustecer el trabajo conjunto por una comunicación que respete y represente a todos los sectores de la población.
La Importancia de la Defensoría del Público
La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Argentina ha desempeñado y desempeña un papel fundamental para garantizar y promover que los contenidos audiovisuales respeten los derechos y necesidades de las audiencias, especialmente de los sectores más vulnerables, como niños, niñas, adolescentes; comunidades indígenas; colectivos de la diversidad sexo-genérica.
Sus principales virtudes incluyen:
- La protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes.
- La educación y alfabetización mediática.
- La inclusión de comunidades indígenas.
- La promoción de la diversidad cultural y su consecuente participación en la esfera pública.
- El acceso a medios de las comunidades indígenas a los medios de comunicación, fomentando la producción y difusión de contenidos en lenguas originarias.
- La defensa de los derechos de las audiencias.
- La ampliación del espacio público y el impuso y fortalecimiento de representaciones audiovisuales respetuosas, diversas y democráticas.
- Transparencia y Rendición de Cuentas, contribuyendo a una mayor confianza pública en los medios.
En lugar de desmantelar este organismo crucial y dejar a las audiencias sin mecanismos de garantía proponemos medidas para fortalecer y ampliar su alcance y efectividad:
1. Capacitación continua: implementar programas de capacitación continua para el personal de la Defensoría, asegurando una actualización constante en materia de derechos humanos y las llamadas nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs).
2. Fortalecimiento de la educación y alfabetización mediática: extender los programas de formación mediática a la totalidad de las regiones del país, involucrando a más escuelas y comunidades.
3. Inclusión de las audiencias convergentes: actualizar, ampliar y robustecer las misiones y funciones de la Defensoría del Público a los desafíos y oportunidades contemporáneas de las comunicaciones convergentes. Ello implica incluir a las audiencias de las nuevas tecnologías y plataformas digitales, asegurando la protección de sus derechos en el entorno digital.
Por todo lo dicho, hacemos un llamado a las autoridades y a la sociedad en su conjunto para preservar y robustecer el trabajo de la Defensoría del Público. Su cierre significaría un grave retroceso en la protección de los derechos de las audiencias y en la promoción de una comunicación plural, inclusiva y democrática.
Foro Internacional realizado por la OID y la AMDA
Violencia mediática y simbólica: las mujeres en la mira en la era digital
11 de marzo de 2024
Con destacadas participaciones de la presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, Rocío Alorda, la integrante de la red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, Fabiola Calvo, de Colombia, la especialista en Comunicación y Género, Josefina Hernández Tellez, la Defensora de Audiencias, Mercedes Olivares, de México, la integrante de Internet Bolivia, Eliana Quiroz, y la integrante de la Red de Editoras de Género, Ingrid Beck, de Argentina, se detallaron durante dos horas las problemáticas en torno de las violencias contra las mujeres en la era digital, que no erosionan la libertad de expresión, sino también las democracias.
Moderado por la Presidenta de la OID, Cynthia Ottaviano, el encuentro que puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=clwhIFHKEBk, fue co-organizado por la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias (AMDA), contó con el apoyo de la Universidad Nacional de Avellaneda y la Intracom, y se dio en el marco del Día Nacional de Lucha contra la violencia de género en los medios de comunicación, reconocido en la Argentina con la ley 27.176, impulsada por Ottaviano en 2015, por entonces Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Argentina, y la senadora Sigrid Kunath ( http://www.obserdiscriminacion.gob.ar/dia-nacional-de-la-lucha-contra-la-violencia-de-genero-en-los-medios/ ).
Durante el Foro se profundizó sobre el aumento exponencial de la violencia contra las mujeres en el ámbito digital en coincidencia con el surgimiento de la cuarta ola feminista, se reconoció que el mero hecho de ser mujeres las expone a las violencias, existiendo sesgos de género en los ataques, con el objeto de silenciarlas.
Por otra parte, se explicó que, si bien puede existir marco normativo, los problemas para la implementación se multiplican, lo que se agrava con la invisibilización de las víctimas y la impunidad para los perpetradores.
Hacia el final, cada una de las expertas dio recomendaciones para los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, medios de comunicación y periodistas, en la urgencia de modificar la realidad. Se invita a acceder al contenido en el Facebook de la AMDA https://www.facebook.com/endefensadelasaudiencias/?locale=es_LA.
Cynthia Ottaviano fue elegida por unanimidad Presidenta de la OID
4 de marzo de 2024
Defensoras y Defensores de Audiencias, académicas y académicos, especialistas en libertad de Expresión y derecho humano a la comunicación de México, Brasil, Colombia y Argentina eligieron por unanimidad a la Doctora en Comunicación y reconocida periodista Cynthia Ottaviano como Presidenta de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de Audiencias (OID).
En el marco del décimo aniversario de la organización sin fines de lucro, Ottaviano fue reelegida para el mandato 2024-2026, luego de que en 2014 fuera la impulsora y primera Presidenta, continuando con la labor el destacado defensor mexicano Gabriel Sosa Plata (2017-2020), luego el realizador audiovisual y Defensor colombiano Mario Mantilla (2020-2022), y concluyendo su mandato la académica y ex Defensora de la Empresa Brasilera de Comunicación (EBC) Joseti Marques (2022-2024).
El pleno de la OID votó por unanimidad a Ottaviano, cuya Tesis doctoral, calificada con Sobresaliente Diez, profundiza sobre “Las nuevas Defensorías de las Audiencias de América Latina como promotoras de las democracias comunicacionales en escenarios emancipatorios sociales, políticos y jurídicos. 1997-2017. De la autorregulación a la corregulación participativa, sin capacidad sancionatoria. De la concentración a la redistribución. De la libertad de expresión al derecho humano a la comunicación. De la radiodifusión a las multiplataformas” (2018).
La tesis puede consultarse de manera gratuita en https://faclivros.wordpress.com/2021/11/20/lancamento-fac-livros-las-nuevas-defensorias-de-las-audiencias-de-america-latina/, publicada por FacLivros, editorial de la Universidad de Brasilia, y adaptada para el libro Derecho Humano a la Comunicación, Desconcentración, diversidad e inclusión, los desafíos comunicacionales del siglo XXI, desde la perspectiva de las defensorías de las audiencias, editado en 2020, por la Universidad Nacional de Avellaneda y la editorial Punto de Encuentro.
Cynthia Ottaviano (correottaviano@gmail.com) es Doctora en Comunicación por la UNLP, egresada de la Maestría en Periodismo de Investigación por USAL (9,10 promedio) y Licenciada en Periodismo, con Diploma de Honor, por la misma universidad. Con formación de posgrado en Francia y Estados Unidos, es escritora, periodista, profesora, investigadora y asesora. Nació en Buenos Aires en 1973.
Coordinadora de la Red Internacional Universitaria de la Cátedra Unesco Comunicación Pública para la justicia social, los derechos humanos y el desarrollo territorial (UNVM), Directora del posgrado Comunicación y Derechos Humanos (UNDAV), profesora titular por concurso de oposición y antecedentes de la UNLP y asesora experta del Observatorio del Código de Ética de la Radio y Televisión Pública.
Fue Directora de Radio y Televisión Argentina (2020-2023), nombrada por unanimidad por el Congreso de la Nación, impulsora y creadora del Primer Código de Ética de la Televisión Pública (2021), el Primer Código de Ética y Carta compromiso de la Radio Pública (2022), labor que mereció el Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva XI Edición, en la categoría “Innovación en la Promoción del Enfoque de Igualdad de Género, Diversidad y Derechos Humanos”, por el diseño y ejecución del “Programa Nacional de Inclusión, buenas prácticas y ética comunicacional con enfoque de género, diversidad y derechos humanos” (2020-2023).
Experta en Derecho Humano a la Comunicación, Ética, Géneros, Defensorías y derechos de las Audiencias, es Coordinadora del Grupo de Interés Ouvidorias y Defensorías de las Audiencias de la Asociación latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC), miembro Asociada de la Red Internacional de Cátedras Unesco de Comunicación (ORBICOM) y de la Organization of News Ombudsman (ONO).
Primera Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Argentina (2012-2016), nombrada por el Congreso de la Nación, con el apoyo de más de mil organizaciones de la sociedad civil y personalidades del ámbito de los derechos humanos, la academia, el periodismo, la cultura y la representación sindical. Con labor reconocida por la Organización de Estados Americanos (OEA) con el “Premio Interamericano a la Innovación en la Gestión Pública Efectiva” (2016), así como por la Organización Interamericana de Defensores de Audiencias (OID 2022), la Universidad Nacional de Quilmes (2016), la Universidad Nacional de Villa María (2014) y organizaciones sociales como la Coalición por una Comunicación Democrática.
Sus trabajos de investigación periodística, realizados durante 32 años, fueron laureados con más de 20 premios nacionales e internacionales, como el Premio UBA a la Mejor investigación (2011), Premio Internacional de Periodismo Rey de España (2004), Premio Argentores al Mejor Guión Documental de Televisión (2006), diploma al Mérito Investigativo de Transparencia International y el Instituto Prensa y Sociedad (2003), Primer Premio a la Mejor Investigación Histórica (2005), premio UAI a la mejor investigación periodística (2010) y premio Martín Fierro a la mejor producción periodística (2000).
Publicó seis libros de investigación académica y periodística: Los jueves a las 10. Así se hizo el primer Código de ética de la televisión pública (2022, Universidad Nacional de Quilmes), Derecho Humano a la Comunicación. Desconcentración, diversidad e inclusión. Los desafíos comunicacionales del siglo XXI (2020, Editorial Punto de Encuentro y UNDAV), Señal de Ajuste, vigilancia y control en la nueva era de la Comunicación (2018, EDULP, Editorial de la Universidad Nacional de La Plata), Crímenes en familia (2007, editorial Edhasa, tres ediciones vendidas), Secretos de alcobas presidenciales (2003, Editorial Norma, seis ediciones vendidas).
Y más de 20 capítulos en libros y revistas especializadas en Ciudadanía Comunicacional, Ética, derechos de las audiencias y Defensorías de Audiencias en la era digital y la inteligencia artificial en Francia, España, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Colombia, Chile, México y Argentina.
Fue asesora experta para la Organización de Estados Iberoamericanos (2020), la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización del Congreso de la Nación Argentina (2020), del Banco Interamericano de Desarrollo BID, para el SINAE de la República Oriental del Uruguay (2019), de la Defensoría del Pueblo de la Argentina (2018-2019), de la Comisión de Libertad de Expresión del Senado de la Provincia de Buenos Aires (2017), del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México (2017) y del Programa de Actualización en Comunicación, Géneros y Sexualidades de la Facultas de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires UBA (2013-2016).
Representó a la Argentina en Congresos Internacionales realizados en Francia, Alemania, Portugal, Estados Unidos, Brasil, México, Uruguay, Colombia, Chile, Perú y Ecuador; dictó talleres para periodistas de México, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Honduras y Uruguay.
Realizó estudios de posgrado de Historia, Filosofía, Literatura y Arte en La Sorbonne Université, París, Francia (2012), y de Inteligencia Artificial aplicada al periodismo en la University of Texas at Austin, Estados Unidos (2019), a distancia.
Milei intervino los medios públicos de la Argentina
Avasalla así la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente, los ultragubernamentaliza y controla, en un proceso de liquidación, violando así el derecho humano a la comunicación
Por Cynthia Ottaviano *
Con la publicación en el Boletín Oficial de hoy del decreto 117/24, el presidente Javier Milei intervino los medios públicos, la agencia de noticias pública Télam, los Contenidos públicos, como Paka Paka, y Educ.ar, otorgando facultades extraordinarias al Interventor para liquidarlos.
Mientras en el Congreso de la Nación Argentina el oficialismo amenaza con cerrar la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, organismo modelo en defensa de las audiencias a nivel internacional, el presidente Javier Milei decretó la Intervención de EDUC.AR, TELAM SE, RTA SE y CONTENIDOS PÚBLICOS SE, al nombrar Interventor a Diego Martin Chaher e Interventor Adjunto a Diego Sebastián Marias.
De esta manera se produce un nuevo retroceso en el derecho humano a la comunicación, al desconocer la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aún vigente, y otorgar superpoderes a una sola persona que actuará bajo las órdenes de la mano derecha del presidente, el Jefe de Gabinete de Ministros, al quitar los medios públicos de la órbita de la Secretaría de Medios, gubernamentalizándolos aún más.
La administración y funcionamiento, la posibilidad de producir despidos, modificar el organigrama, los manuales de procedimiento y personal, así como el presupuesto pretenden regirse por decisión del interventor, bajo las órdenes de Nicolás Posse y Karina Milei, hermana del Presidente, y Secretaria General de la Presidencia, y no ya por la LSCA, que creó un directorio colegiado con representación plural y misiones y funciones específico, con control parlamentario, avasallando así hasta el sistema interamericano de derechos humanos.
Por otra parte, la creación de una Secretaría de Empresas Públicas y la decisión de colocar allí a Radio y Televisión Argentina supone la ultramercantilización, considerando los medios públicos como una empresa cualquiera, y no como garante y custodia del derecho humano a la comunicación, retornándolos a un escenario pre ley de medios, donde regía el andamiaje de la dictadura cívico militar.
Esta ingeniería antidemocrática, se combina con el desfinanciamiento garantizado por la mencionada ley, quitando los fondos de afectación específica que le correspondían a RTA, así como a la Defensoría del Público, organismo autónomo, defensor de los derechos de las audiencias, hoy vulnerados.
Como consecuencia, se suprime una administración plural, con control parlamentario y de la propia Defensoría del Público. Una maniobra a dos puntas, con el objetivo de desinformar a la población en general, ya que la radio y la TV pública son los únicos medios con alcance a toda la Argentina, a la vez que pretenden eliminar el organismo que podría impedirlo.
Las puertas de la privatización quedan cada vez más abiertas e incluso las de la quiebra, posible destino final, ya que hoy RTA se rige con la legislación de las sociedades anónimas y bajo los designios de una sola persona: el interventor.
¿Cómo es posible que una sociedad del Estado, creada por Ley, se rija por la legislación de las sociedades anónimas, comunes y corrientes, para hacer negocios?
Por el decreto de Necesidad y Urgencia 70 de Javier Milei, del 20 de diciembre de 2023, que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social, hasta el 31 de diciembre de 2025 (fecha similar a la intervención decretada por un año, con prórroga a un año más).
En el decreto mencionado se argumentó que "a los fines de una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público, resulta necesario efectuar una profunda reorganización de las empresas públicas", y para lograrlo se derogó la Ley N° 20.705 y se dispuso "la transformación de las Sociedades o Empresas con participación del Estado en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades".
Con ese antecedente, "a los efectos de llevar a cabo dicha transformación -argumenta el decreto publicado hoy en el Boletín Oficial-, resulta menester disponer la intervención de las mencionadas sociedades con el fin de definir su conducción y contribuir a optimizar la eficacia y eficiencia de las acciones que cumplen (...) atento a la complejidad de la tarea encomendada, es necesario designar a un Interventor y a un Interventor adjunto".
Resulta evidente que ante el fracaso de Mauricio Macri y su ladero, Hernán Lombardi, en el intento de vaciamiento y cierre de los medios públicos, entre 2015 y 2019, y el malogrado propósito de privatización de Carlos Menem, en eras neoliberales en la Argentina, la actual estrategia busca liquidar los medios públicos, quebrándolos primero, modificando su estructura jurídica, orgánica y funcional.
¿El argumento? El repetido hasta el cansancio: "no hay plata", aunque al Fondo Monetario Internacional se le paguen miles de millones de dólares, más que suficientes para sostener niles de RTA.
Por otra parte, entre las facultades que se le otorgan al interventor están incluso las inimaginadas, porque luego de enlistar las específicas, decreta que "el detalle efectuado es solo enunciativo y no limita en modo alguno las funciones del Interventor y del Interventor Adjunto que puedan vincularse a otros aspectos regulatorios, a acciones de auditoría y sanciones, a aspectos económico-financieros y a la protección de los derechos de los usuarios".
A continuación, el listado de atribuciones otorgadas al interventor, quien “tendrá, en forma conjunta, las facultades del Directorio y/o a su Presidente” (art. 4 y 5):
a. Elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades, el cual deberá ser puesto a consideración del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
b. Evaluar, modificar el Estatuto para el Personal del organismo y/o aprobar uno nuevo.
c. Evaluar, modificar el régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas presupuestarias y/o aprobar uno nuevo.
d. Modificar el Reglamento de Contrataciones de obras, bienes y servicios del organismo y/o aprobar uno nuevo.
e. Modificar la denominación de los organismos, previa conformidad del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
f. Modificar la estructura orgánica y funcional, los organigramas correspondientes y los Regímenes Profesionales del Personal contratado, de planta permanente y de gabinete y/o aprobar una nueva.
g. Revisar la administración de compras y contrataciones.
h. Disponer una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones, bienes que se recepcionan y estado de los mismos.
i. Presentar la rendición de cuentas.
j. Operar y mantener las sociedades, de modo de optimizar la gestión administrativa con miras a tornar sustentable dichas empresas.
k. Designar y remover a funcionarios y personal de cada una de las sociedades mencionadas.
De esta manera se produce el mayor retroceso en materia de derecho humano a la comunicación de este siglo XXI al intervenir los medios públicos, desconociendo la legislación vigente, otorgando facultades extraordinarias y sin control al Interventor y su adjunto.
La comunicación es un derecho humano y como tal no admite retrocesos, incluso debe ser progresivo.
Tanto la Defensoría del Público, hoy único organismo defensor de los derechos de las audiencias, así como las Relatorías de Libertad de Expresión de OEA, ONU, la propia Unesco y toda organización social de defensa de los derechos humanos deben rechazar de plano esta ultragubernamentalización, ultramercantilización, y avasallamiento de los derechos humanos en la Argentina, gravísimo antecedente para la región y el mundo, que se suma a los daños físicos causados a Periodistas y reporteros gráficos como nunca antes desde la recuperación democrática, la propia intervención de la autoridad de aplicación en materia de comunicación, Enacom, y el retiro de la publicidad oficial.
*Doctora en Comunica